Las eléctricas han mostrado su rechazo al proyecto de Ley que pretende confiscar sus beneficios actuando sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico y han amenazado con el «cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados»
Foro Nuclear, la patronal liderada por Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, ha publicado un comunicado en el que asegura que «este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear» porque «aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear».
Las eléctricas aseguran que el rejonazo planteado en , «unido a la excesiva presión fiscal actual, abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear». También aseguran que «el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual», e insisten en que «de no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas».
Además alegan que de haber estado en vigor las medidas gubernamentales «no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación» de las centrales y denuncian que esta ley no debería aplicarse de forma retroactiva.
«Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes», señala el comunicado.
Las centrales son inviables con este proyecto de Ley
Las eléctricas también advierten del «cese anticipado de la actividad» nuclear en un sector que ya está duramente castigado: «La excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 (…), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 (en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero) le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad».
Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, «el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista». Araluce también asegura que la medida «impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 Mt/año».
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